Pais Vasco AMNISTIA INTERNACIONAL Titulo: Los derechos de todas las víctimas y los efectos de la crisis económica, prioritarios para Amnistía Internacional en Euskadi. Texto: Amnistía Internacional ha mantenido un encuentro con el Lehendakari, Iñigo Urkullu para presentarle una agenda de derechos humanos que garantice que los derechos humanos sean la hoja de ruta en el nuevo tiempo que se abre en el País Vasco. En el nuevo escenario abierto tras la renuncia de ETA a la violencia, que se ha cobrado más de 800 víctimas mortales, Amnistía Internacional mantiene que se debe asegurar el acceso de las víctimas de graves abusos y violaciones de derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación. La verdad debe ser conocida, los perpetradores deben ser llevados ante la justicia y las víctimas deben obtener reparación. Ésta debe incluir la indemnización, la rehabilitación, el reconocimiento público del daño causado y las garantías de no repetición, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos. En concreto esta agenda debe garantizar que no haya espacios de impunidad para los graves abusos de derechos humanos cometidos por ETA, pero también deben investigarse las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En concordancia con estas mismas normas deben realizarse cambios en la legislación penal en materia de terrorismo, y la derogación del régimen de incomunicación, régimen que tal y como han denunciado diversos organismos internacionales, propicia la tortura y malos tratos de las personas detenidas. Todos los presos, incluyendo los de ETA, deben cumplir su condena cerca de su lugar de arraigo, siempre que sea posible y que individualmente lo solicite. Amnistía Internacional da la bienvenida al anuncio del Lehendakari sobre la creación de un mecanismo de investigación independiente encargado de investigar denuncias de malos tratos y otras violaciones de derechos humanos cometidos por la Ertzaintza. Igualmente la organización ha pedido información sobre la revisión de los protocolos de usos de la fuerza y utilización de material antidisturbios. Ante el anuncio de una investigación interna por la muerte de Iñigo Cabacas como consecuencia del impacto de una pelota de goma disparada por un agente de la Ertzaintza, Amnistía Internacional ha solicitado al Lehendakari que esta sea exhaustiva y los resultados y los métodos se hagan públicos. Amnistía Internacional ha señalado también que la crisis económica no puede convertirse en una crisis de derechos humanos. El Lehendakari ha expresado su compromiso de que el acceso a la salud estará garantizado para todas las personas independientemente de su situación administrativa. Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno vasco una ley que garantice el derecho a una vivienda adecuada, y asegure el respeto y protección de este derecho estableciendo los mecanismos para reclamarlos ante la administración y la justicia. Durante la visita, los representantes de la organización se han reunido también con la Presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería y con los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del PNV, Partido Popular y EH Bildu, a quienes ha presentado su agenda de derechos humanos y ha solicitado el apoyo del Parlamento vasco a dos iniciativas relacionadas con la situación en los Países de Norte de Africa y Oriente Próximo y en contra de la Pena de Muerte. En la reunión con el Lehendakari también asistieron el Secretario General de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, la Directora de Derechos Humanos, Mónica Hernando y la Directora de Emakunde, Izankun Landaida. Información adicional La delegación de Amnistía Internacional estuvo compuesta por Esteban Beltrán, Director de la Sección Española de Amnistía Internacional, Virginia Alvarez, Responsable de Relaciones Institucionales y Política Interior y Aitor Imaz, coordinador de la organización en Euskadi. La agenda de derechos humanos presentada incluye recomendaciones sobre las medidas a poner en práctica para abordar ante el uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas de Seguridad, así como de los efectos que está teniendo la crisis económica en los derechos humanos de las personas. La organización recuerda la obligación del Estado español de respetar, proteger y hacer que sea realidad el acceso a la vivienda, y a la salud. Y la necesidad de proteger los derechos humanos de las mujeres y niñas ante todas las formas de violencia de género, incluida la violencia sexual.
